La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado el 29 de febrero una
Jornada de Acción para que los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea puedan expresar su rechazo a las políticas que las autoridades europeas están imponiendo y su apoyo a las alternativas del movimiento sindical para salir de la crisis.
Desde mayo de 2010, las instituciones de la UE están imponiendo políticas de austeridad, ajustes presupuestarios y recortes sociales y las llamadas reformas estructurales, especialmente en los mercados laborales. Estas políticas, cuyos objetivos declarados eran ganar la confianza de los mercados para que los Estados pudieran financiarse con tipos de interés bajos y reducir los niveles de déficit y deuda públicos en un corto espacio de tiempo, han resultado un completo fracaso. La crisis de las deudas soberanas se ha extendido y hecho más aguda. Hoy, la prima de riesgo de la deuda pública española es más del doble de la que había en abril de 2010 y ha llegado a ser tres veces mayor en los peores momentos de inestabilidad financiera.
Los objetivos de reducción de los déficits públicos tampoco pueden cumplirse a pesar de los brutales recortes presupuestarios, o precisamente por ellos. Los daños colaterales de estas políticas son dramáticos: se ha pasado de la recuperación de la
economía a una nueva recesión en toda la UE, el paro ha aumentado, lo mismo que la pobreza y la desigualdad. La crisis ha pasado a ser, también, social y política.
Los fundamentalistas neoliberales gobiernan Europa, de un modo no democrático,
bajo el dictado y al servicio de los intereses del gobierno y los poderes económicos de Alemania. En lugar de reconocer el fracaso de sus políticas y rectificar las quieren consagrar en un nuevo Tratado para la “gobernanza económica”. Pero el nuevo Tratado sólo habla de cómo imponer la más estricta disciplina presupuestaria y de cómo arrebatar nada menos que la soberanía presupuestaria a los Estados para dársela no al Parlamento Europeo ni al Consejo, sino a funcionarios de la Comisión controlados por los gobiernos de Alemania y Francia. Por eso, UGT y CC OO, al igual que la CES, rechazamos radicalmente el proyecto de nuevo Tratado. Es la primera vez que el sindicalismo europeo toma una posición así en la Historia de la UE.
El sindicalismo europeo ha presentado alternativas sólidas a políticas tan injustas como fracasada. Frente a la crisis de las deudas soberanas: emisión de eurobonos,
reforma del Banco Central Europeo, impuesto a las transacciones financieras; supresión de los paraísos fiscales; regulación del sistema financiero para que los
poderes públicos gobiernen a los mercados y no al revés como hoy sucede, etc.
Frente a la recesión económica y el paro: plan europeo de inversiones en economía sostenible, programa europeo de empleo juvenil, ampliación de los plazos para la reducción de los déficits públicos, etc. Frente a las contrarreformas estructurales: un Nuevo Contrato Social Europeo para renovar y reforzar los pilares del Modelo Social Europeo y preservar el Derecho Laboral y la negociación colectiva. Y, frente al modelo antidemocrático del nuevo Tratado: gobierno económico de Europa que tenga también competencias sobre impuestos y persecución del fraude fiscal, que priorice el empleo y el crecimiento sostenible, que se ocupe de las políticas industrial, energética y medioambiental, y que responda ante el Parlamento Europeo.
La aplicación en España de las políticas de austeridad y recortes sociales ha tenido
efectos devastadores en la actividad económica y el empleo. Tenemos las cifras de
paro más elevadas de la UE (5,3 millones, el 23% de la población activa, casi el 50%
de los jóvenes). Va creciendo el número de parados que no perciben ningún tipo de
prestación y el de familias con todos sus miembros en paro. Lógicamente, esto ha
hecho que se disparen los índices de pobreza –más de la cuarta parte de la población y desigualdad social. En ambos indicadores España está entre los cinco peores países de la UE.
Los recortes presupuestarios en todas las Administraciones Públicas, además de imponer importantes reducciones salariales a los empleados públicos, la congelación de las pensiones y el hundimiento de la inversión pública, está produciendo la pérdida de decenas de miles de empleos. Particularmente grave nos parece el deterioro de los servicios públicos fundamentales, en particular de la educación y la sanidad; deterioro de las condiciones laborales de quienes trabajan en ellos y de la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Si el Gobierno de España se pliega al dogmatismo y a la ceguera reaccionaria de quienes mandan, tan mal, en la UE y acepta realizar un nuevo recorte de 30.000 o 40.000 millones de euros en los presupuestos de las administraciones públicas para 2012, el deterioro de los servicios públicos será irreversible. CC OO y UGT, junto con decenas de organizaciones sociales y no gubernamentales, acaban de crear una plataforma que va a impulsar una campaña de movilizaciones sostenida en defensa de la educación, la sanidad y los servicios públicos, en defensa de las instituciones básicas del Estado de bienestar.
El Gobierno del PP acaba de aprobar por Decreto-Ley, sin consulta alguna con los
interlocutores sociales, una reforma laboral que supone el mayor ataque a los derechos de los trabajadores en democracia. Esta reforma laboral facilita y abarata el despido: la mayoría podrán ser considerados procedentes, con 20 días de indemnización por año trabajado, y la indemnización de los improcedentes se rebaja de 45 a 33 días y su tope de 42 a 24 meses. Se suprime la autorización administrativa para los ERE y se abre la puerta para despedir a los contratados laborales fijos de las Administraciones Públicas. Se permite el despido procedente de trabajadores en baja justificada por enfermedad. El nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, especialmente bonificado, tendrá despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato junto con el nuevo, y también precario, de formación para jóvenes desmienten todo lo dicho sobre la necesidad de reducir los tipos de contrato.
También se degrada el contrato a tiempo parcial permitiendo que el empresario modifique unilateralmente su jornada.
Uno de los peores capítulos de la reforma es el que se refiere a la negociación colectiva. Vulnerando en cuestiones clave el acuerdo recién suscrito, entre UGT y CCOO y CEOE-CEPYME, concede al empresario la capacidad para modificar unilateralmente todo lo pactado en el convenio, incluidos los salarios, equiparando las causas de descuelgue a las del despido objetivo. Toda la nueva norma está orientadaa individualizar las relaciones laborales, potenciar el convenio de empresa -debilitando los convenios sectoriales- y reforzar al máximo la capacidad de decisión unilateral de los empresarios para fijar las condiciones de trabajo, debilitando la capacidad de acción de los sindicatos para defender a los trabajadores.
La imagen del ministro Guindos diciendo servilmente al comisario Rehn que la reforma “va a ser extremadamente agresiva…te va a gustar” lo dice todo sobre las relaciones entre el Gobierno de España y las autoridades europeas. Por eso, UGT y CCOO considera muy importante, después del gran éxito de las manifestaciones del 19 de febrero, que los trabajadores y trabajadoras españoles participen en las manifestaciones y otros actos públicos que se han convocado el 29 de febrero.
Nuestros problemas y los de los trabajadores europeos tienen un origen común.
¡BASTA YA!
¡EXISTEN ALTERNATIVAS!
¡POR EL EMPLEO!
¡EN DEFENSADE LOS SERVICIOS PÚBLICOS!
¡NO A LA REFORMA LABORAL!
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